Que todos los menores de 18 años tienen derecho a recibir una atención y protección especial es algo conocido y aceptado por todos hoy en día. Pero esto siempre no ha ocurrido así. Hasta finales de la década de los ochenta del pasado siglo, no todos los niños y niñas podían beneficiarse de una serie de derechos jurídicos imprescindibles para su protección.
El reconocimiento de los Derechos del Niño
En 1948, la recién fundada Naciones Unidas, la mayor organización internacional existente, aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que contenía implícitamente los derechos del niño, aunque sin concederles toda la relevancia que se merecen. Poco más de una década después, en 1959, la Asamblea General de la ONU, consciente de la importancia que había que otorgarle a la normativa infantil, aprobó una Declaración de los Derechos del Niño que explicitaba, a lo largo de 10 principios, los derechos contemplados en la Declaración de 1948.
Poco después, la ONU determinó que fuera el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para los niños (UNICEF) el organismo encargado de la protección de los menores. Desde entonces se ha empleado a fondo para proteger jurídicamente a la infancia, y fruto de sus debates nació, el 20 de noviembre de 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño.

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